Colombia está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Las consecuencias económicas que ha dejado esta inesperada pandemia son nefastas para las familias. El panorama de la seguridad alimentaria y nutricional del país está en jaque por la falta de ingresos de muchas familias que lo han perdido todo.

Por eso es inaudito e inadmisible que en el país existan empresas que con tal de ganar unos pesos de más adulteren productos como la leche, único sustento nutricional de muchos hogares.

Como comenté en una columna anterior, existen empresas lácteas que están adicionando lactosuero a este alimento haciendo que se pierda su valor nutricional. Se han hecho muchos esfuerzos para frenar esta práctica ilegal, pero hasta el momento no han surtido efecto. Se han presentado quejas ante el Invima y la SIC sin que se vea una acción dispuesta a sancionar a los responsables. En el año 2019, se presentó una acción popular en contra de unas empresas que presuntamente estaban ejerciendo esta práctica, pero el proceso no avanza; como si la nutrición de los colombianos no fuera una urgencia.

Dado que las entidades competentes no han ejercido sus funciones con la celeridad que se requiere, la semana pasada radicaron ante la fiscalía una denuncia penal contra 9 empresas lácteas por los delitos de corrupción de alimentos; alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida; y ofrecimiento engañoso de productos y servicios.

Las empresas denunciadas fueron: Laktoland S.A.S, Compañía Lechera el Mortiño, Colfrance, Doña Leche, Alimentos del Valle, Recreo productos alimenticios, La Esmeralda, Parmalat y Gloria. La acción penal incluye evidencia pericial y científica, que revela la presencia de lacto suero en la leche de estos productores en porcentajes que van desde el 1% hasta el 19,6%.

De ser comprobado esto sería gravísimo, especialmente para los niños más vulnerables porque algunas de estas empresas son proveedoras del PAE, programas del ICBF y de adultos mayores, entre otros.

Las grandes superficies y las tiendas de bajo costo no pueden seguir haciéndose los de las gafas porque terminarán siendo responsables de esta práctica. Es mandatorio que exijan a quienes les maquilan la leche, los estándares de calidad requeridos. Muchos expertos han demostrado cómo los bajos costos de algunas marcas son imposibles de lograr sin alterar la calidad. Conociendo esto, ¿por qué no han tomado acciones al respecto?

Señores del Invima y SIC, ¿a qué le temen? Cumplan con sus funciones, de lo contrario serán cómplices de esta práctica. La situación no está para tecnicismos ni trámites burocráticos; ¡se debe actuar de inmediato! Los consumidores tenemos derecho de saber cuáles son las marcas que no debemos comprar.

Señor Fiscal, le solicito respetuosamente que le dé la importancia que se merece esta denuncia. Los responsables deben ser condenados.

El tiempo corre y la nutrición de los colombianos está en juego.

Por: Cristina Plazas

Fuente: La Vanguardia