Un enemigo invisible está minando la calidad de los productos lácteos colombianos y desangrando las finanzas de miles de campesinos: el lactosuero. CAMBIO conoció un informe elaborado por dos prestigiosos economistas que demuestra las devastadoras consecuencias del uso desleal de este subproducto y la urgente necesidad que hay de tomar medidas que protejan a los consumidores y productores.
Por: Iván Serrano
La imagen desconcierta: un campesino entrado en años levanta una cantina llena de leche fresca para luego verter su contenido en un potrero. La escena fue vista por millones de colombianos y transmitida en la emisión matutina del Canal Caracol el pasado 8 de julio.
La realidad de ese campesino es la de miles de productores en zonas lecheras de Cundinamarca, Boyacá y otros departamentos, quienes se ven obligados a regalar y botar la leche, pues lo que les pagan no les alcanza para cubrir los gastos de producción.
“En noviembre de 2023 nos alcanzaron a pagar el litro a 2.400 pesos y ahora nos lo están pagando a 1.600”, le contó a CAMBIO Marlene Ángel, representante legal de Ganalac, gremio que asocia a 3.500 productores de leche de Ubaté, municipio lechero por excelencia, ubicado en el norte del departamento de Cundinamarca.
La leche es un alimento esencial para la nutrición de las familias, en especial de los niños pequeños. Su alto contenido en nutrientes esenciales, entre los que se cuentan proteínas de alta calidad, calcio y vitamina D, la convierten en un superalimento, sobre todo por su histórica relación costo-beneficio. Ver botar leche en un país como Colombia, en el que el año pasado murieron 301 niños por desnutrición, es algo casi obsceno.
La caída en el precio por litro pagado a los campesinos tiene varios factores: por un lado, la disminución de la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos, lo que incide en la baja demanda, y por otro, la importación de dos productos: leche en polvo y lactosuero. Ambos, principalmente importados desde Estados Unidos, están subsidiados en su país de origen. Recientemente, el Ministerio de Comercio Exterior anunció una investigación sobre el caso de la leche en polvo.
El lactosuero, producto derivado de la fabricación de quesos, tiene un uso permitido en Colombia para áreas de la industria alimenticia, sobre todo pastelería y fabricación de galletas. Pero es ilegal añadirlo a la leche.
La adulteración de leche con lactosuero se ha convertido en una amenaza que no solo altera la calidad de los productos que llegan a la mesa de millones de hogares, sino que también mina la estabilidad de un sector vital para la economía del país. El uso ilícito de lactosuero genera pérdidas millonarias, fomenta una competencia desleal y agrava la situación del sector lácteo colombiano.
Un análisis realizado por los economistas César Corredor y César Navarro da cuenta del incremento de la importación de lactosuero en los últimos años y su incidencia en el sector lechero, además del engaño nutricional que sufren los consumidores, quienes creen que pagan por leche, pero terminan comprando otra cosa.
El estudio revela cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (2022) que indican que cada día se deja de comercializar un millón de litros por prácticas fraudulentas, entre ellas la adulteración con lactosuero.
En Colombia, los costos de producción de leche han subido un 45 % en los últimos cinco años, alcanzando en 2023 un promedio de 1.500 pesos por litro. Sin embargo, el lactosuero se importa a precios tan bajos como 0,19 dólares por litro. Por eso, adulterar la leche con este producto resulta tan atractivo para industriales desleales.
Esta defraudación, mantenida a lo largo de un año, se traduce en una pérdida de 365 millones de litros de leche, lo que representa un golpe de 766.000 millones de pesos a los lecheros.
Quienes adulteran la leche con lactosuero obtienen una ganancia adicional diaria de 2.100 millones de pesos, ingresos que, en un mercado justo, deberían beneficiar a las pequeñas fincas productoras. Además, estos mismos actores, al solicitar devoluciones de IVA sobre estos productos adulterados, logran defraudar al Estado colombiano en aproximadamente 92.000 millones de pesos anuales.
Este timo no solo empobrece a los productores, sino que también drena recursos cruciales de las arcas públicas.
En el primer trimestre, el sector lácteo en Colombia sufrió un duro golpe, reflejado en una preocupante contracción de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). Durante este periodo, se reportó una caída del 6,7 % en el valor agregado generado por la industria láctea, según datos correspondientes a abril.
Roberto Ramírez, presidente de Demogan, es uno de los hombres que más sabe del campo en Colombia. Lleva años analizando y advirtiendo sobre el impacto que tiene para consumidores y productores de leche la práctica desleal de diluir la leche con lactosuero. Ramírez prendió las alarmas sobre esta práctica al llamar la atención, años atrás, sobre leches ofrecidas en estanterías a mitad de precio del costo de producción.
El impacto de la práctica de diluir la leche con lactosuero hoy incide de manera grave en ganaderos y productores de leche, grandes, medianos y pequeños. Él está convencido de que este asunto requiere un diálogo nacional: “Tenemos que salir de esto como país. Colombia no se puede pensar sin una economía ganadera, y en este caso láctea, fuerte. Esa economía está conformada por todo el sector, tanto el industrial como el de los lecheros”.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, implementado en 2012, abrió las puertas a un comercio sin precedentes entre ambos países. Sin embargo, para el sector lácteo colombiano, esta apertura ha traído consigo una serie de consecuencias. Uno de los efectos más nocivos ha sido que el mercado colombiano se ha inundado de lactosuero importado a bajo costo, lo que ha desestabilizado a los productores locales.
Antes del TLC, el sector lácteo colombiano operaba bajo una protección arancelaria que mantenía a raya la competencia extranjera. Con la implementación de los aranceles cero, el mercado interno se vio expuesto a una avalancha de productos lácteos y sus derivados, entre ellos el lactosuero, que ha sido importado masivamente desde Estados Unidos a precios cada vez más bajos.
En los últimos cinco años, el volumen de importaciones de lactosuero ha aumentado en un promedio del 12 % anual, mientras que sus precios internacionales han caído casi un 50 %. Esta situación ha creado un entorno perfecto para que algunos actores de la industria colombiana recurran a la adulteración de leche con lactosuero, reduciendo los costos de producción a expensas de la calidad del producto y compitiendo de manera desleal con los productores que sí venden lo que ofrecen a sus consumidores: leche pura.
“Los lactosueros entraron con libre ingreso y cero arancel desde que empezó a operar el TLC. El país está inundado con lactosuero desde esos días. Ese es uno de los crímenes grandes que se ha cometido”, le aseguró Robledo a CAMBIO. Robledo mostró su preocupación por la situación del sector lechero del país, afectado además por la importación de leche en polvo: “Ya en este momento hay zonas de lecheros pequeños a quienes las pasteurizadoras no les están comprando la leche, los están quebrando, los están sacando”.
Aunque el informe de los economistas está centrado en el impacto económico de la adulteración de leche con lactosuero, contiene un apartado sobre la diferencia nutricional entre las leches sin adulterar y las de bajo costo.
La leche adulterada con lactosuero contiene significativamente menos nutrientes esenciales, lo que puede tener efectos negativos en la salud, especialmente en la población infantil. Un análisis comparativo entre la leche genuina y la leche adulterada revela que esta última contiene un 35 % menos de calorías, un 65 % menos de grasa total y un 86 % menos de vitamina A, nutrientes fundamentales para el desarrollo infantil.
Con la entrada en vigor del TLC y la inundación del mercado con lactosuero sin aranceles y subsidiado, el sector lechero colombiano se ha visto abocado a un impacto enorme, en el que la peor parte la llevan los productores leales, los consumidores y los desprotegidos campesinos.
La normatividad colombiana prohíbe la adulteración de la leche, pero durante años las entidades encargadas de la regulación y del control han mirado para otro lado. Aunque este gobierno ha puesto los ojos en el asunto, a través de contundentes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de sanciones del Invima, en marzo se retiraron tres lotes de leche de tres marcas por contenido de lactosuero. Pero sigue pendiente la regulación y vigilancia contundente. Roberto Ramírez cree que aunque se han dado pasos importantes, aún falta mucho por hacer.
Los consumidores tienen derecho a recibir información clara. Por eso el etiquetado de productos en el que se especifique la diferencia entre leche real y otros productos es un asunto de simple transparencia.
Por su parte, la alianza CuídaLE, una iniciativa privada, ha promocionado el valor nutricional de la leche pura y ha luchado contra su adulteración.
En cuanto al TLC, el Ministerio de Comercio anunció que se abrirán investigaciones para determinar, en el caso de la leche en polvo, cuánto es el subsidio que reciben los productores estadounidenses y ponerlo en términos de porcentaje, para así aplicarlo a los lecheros colombianos, con el fin de que la competencia se haga en condiciones iguales. Sin que se conozcan los resultados de las investigaciones no se podrá tomar alguna medida para dar compensaciones a los lecheros colombianos.
Uno de los tópicos lamentables es lo poco o nada que se ha hecho para mejorar la productividad del sector lechero colombiano frente a gigantes como Estados Unidos.
Jorge Enrique Robledo dice que con el TLC se pactó la quiebra programada del campo colombiano. Para renegociar el tratado debe haber un fast track y que ambas partes, Estados Unidos y Colombia, estén de acuerdo. De todas formas, si esto ocurriera, dicha negociación se haría dentro de diez años.
El sector lechero colombiano requiere medidas urgentes. Esto implica no solo fortalecer los controles y regulaciones, sino también revisar las políticas comerciales que han facilitado la entrada de productos que distorsionan el mercado y que ponen en peligro la seguridad alimentaria del país. Si esto no se hace, el impacto en el campo colombiano será irreversible. Roberto Ramírez lo plantea de esta manera: “¿Se imagina usted un campo sin vacas? O algo peor, ¿un campo sin campesinos?”.
Fuente: Revista Cambio
Niveles de concentración superiores a 30 µg/mL de Caseinomacropéptido -CMP
fueron encontrados en las pruebas de laboratorio realizadas por Invima.
• Resultados NO CONFORMES, para muestras de leche analizadas fueron
tomadas en planta higienizadora
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