Desde hace varios años se viene conociendo un hecho que afecta la salud de los colombianos, especialmente la de los niños: la adulteración que hacen algunas empresas de un alimento esencial, la leche.

Esta práctica ilegal consiste en adicionar lactosuero al producto, engañando al consumidor que cree que está adquiriendo leche de calidad. Las empresas que incurren en este delito lo hacen para vender la leche a precios inferiores al promedio del mercado. Lo preocupante es que este líquido lácteo contiene solo el 55% de los nutrientes de la leche entera, ocasionando deficiencias alimentarias.

Aunque en Colombia la ley prohíbe la adición de lactosueros a la leche, los corruptos le hacen conejo a la norma, introduciendo en el mercado diariamente un estimado de 400.000 litros de leche con esta adición.

La solución de esta problemática cobra gran importancia en momentos en los que la seguridad alimentaria de los colombianos está en riesgo debido a la difícil situación económica ocasionada por la pandemia. Los bajos ingresos hacen que las familias busquen productos baratos, pero claro confiando en que se cumpla con la tabla nutricional que se ofrece.

Los entes gubernamentales están entregando miles de mercados que, aunque son insuficientes, algún impacto tienen para frenar la malnutrición; por tanto, sería gravísimo que estos paquetes por cuestión de precios incluyeran leche adulterada. ¿Será que las entidades encargadas de estas compras están teniendo en cuenta estos aspectos, o están priorizando los bajos precios sobre la calidad del producto?

¿Será que el ministerio de educación está tomando medidas para que en el Programa de Alimentación Escolar no se compren estas leches? Con tanto bandido operando este programa, estoy segura que compran la leche más barata sin importarles la calidad. ¿ Estará el ICBF haciendo lo suyo?

Las grandes superficies, especialmente las de bajo costo, tampoco han asumido la responsabilidad que les compete en esta lucha, pues compran todas las marcas, aduciendo que hacen control de calidad; pero, sabemos que se requiere una vigilancia especializada para determinar si la leche es adulterada. Su obligación es vender solamente marcas que cumplan con los estándares de calidad que la ley exige. De lo contrario, se convierten en cómplices de esta práctica ilegal.

El Invima y la Superintendencia de Industria y Comercio siguen sin ejercer su función de inspección y vigilancia para proteger a los consumidores de engaños como este y de la defensa de las empresas honestas que son víctimas de la competencia desleal.

El gobierno nacional en lugar de presentar una reforma tributaria nefasta absurda e inconveniente debería perseguir estas empresas que no solo están afectando la nutrición de muchos colombianos, sino que le están haciendo conejo al fisco ya que el lactosuero no hace parte de la exención tributaria que tiene la leche y se están aprovechando de esta.

Por: Cristina Plazas

Fuente: La Vanguardia