El pasado 9 de febrero el Invima puso en evidencia un escenario preocupante… el suministro de leche adulterada a niños beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En un operativo de vigilancia y control, profesionales del Invima visitaron dos plantas productoras de leche en Cundinamarca, Alimentos Pippo S.A.S. y Alimentos Montecarlo. Allí encontraron en cinco marcas de leche (Aro, Lelé, Medalla de Oro, y Colandes) niveles por encima de lo permitido de una molécula llamada caseinomacropéptido-CMP. Dicha molécula se produce durante la elaboración del queso y su presencia es alta en el suero producido durante dicha fabricación y es conocido como lactosuero.

Cuando las concentraciones de CMP en la leche son altas es porque hay evidencia inequívoca de que la leche fue adulterada con lactosuero.

Alimentos Pippo es el proveedor de leche para el PAE departamental en Santander y Cesar; distrital en Bogotá, y municipal en Bucaramanga, Barrancabermeja y Piedecuesta.

El Invima ordenó la suspensión de trabajos en dichas plantas y el congelamiento de 41.776 bolsas de leche. Es la primera vez que sanciona a productores de leche por adulteración con lactosuero.

Aunque hay estudios que relacionan el consumo de lactosuero con la aparición de alergias, dicho subproducto no es considerado perjudicial para la salud, su uso es permitido en pastelería y en la producción de otros alimentos, pero no es permitido adicionárselo a la leche.

Y la razón es sencilla, la leche rendida con lactosuero no es leche. Sin embargo, a los consumidores colombianos se les ha vendido leche adulterada como si fuera leche de verdad. No es un tema menor, la leche adulterada no tiene los mismos nutrientes que la leche real, y los compradores de buena fe creen que están llevando un producto de primera calidad a sus hogares, pero están llevando otra cosa.

De hecho, el pasado 5 de octubre el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció a través de su cuenta en X, que había dado instrucciones a funcionarios del Invima para que iniciaran los controles a las empresas que adulteran la leche con lactosuero. “Nuestros niños y niñas tienen el derecho a consumir leche pura y libre de adulteraciones”, agregó en su mensaje el ministro. Dos meses después, en diciembre pasado, el Ministerio de Salud expidió una resolución en la que quedó establecido el máximo de GMP permitido en la leche.

Los productores honestos de leche y los consumidores colombianos llevaban cinco años esperando dicha resolución, la cual, no queda dudas, tenía mucho que ver con una decisión política y con ponerle fin a trabas burocráticas.

Recientemente un grupo de funcionarios del Invima fue declarado insubsistente, entre ellos, Carlos Alberto Robles, director de bebidas y alimentos, quien por años tuvo bajo su responsabilidad impedir que la leche vendida en Colombia fuera adulterada con lactosuero, y en ese sentido sin muchos resultados que mostrar.

Pero la adulteración de leche con lactosuero va más allá de ámbitos como el sanitario y la competencia desleal. El país podría estar frente a una enorme defraudación fiscal.

Los productores de leche tienen derecho a la devolución del IVA, y a la sombra de ellos se camuflan los vendedores de leche adulterada con lactosuero. Además de obtener ganancias espectaculares rindiendo leche, también llenan sus alforjas con el IVA devuelto.

Entre 2021 y 2023, la Dian hizo devoluciones del IVA por más de 772.000 millones de pesos a criadores de ganado y a fabricantes de productos lácteos. Entre ellos, muy orondos y sin identificar, hay más de un productor de leche adulterada.

El área de Fiscalización de la Dian se encarga de verificar que los saldos a favor sean devueltos por la venta de productos exentos como la leche, sea falsa o no. Aún falta que mucho mala leche sea puesto en cintura.

Fuente: Cambio Colombia